Autor | Eduardo Bravo

La legislación de un buen número de países recoge el acceso a una vivienda digna como derecho fundamental, que no necesariamente un deber para con los ciudadanos. Y si bien la necesidad de tener un domicilio fijo no es una obligación de facto, no estar empadronado puede provocar problemas a la hora de ejercer su derecho al voto, acceder a asistencia sanitaria convencional o disfrutar de determinados servicios públicos.

Algo semejante sucede con las cuentas bancarias. Si bien no existe la obligación legal de tener una, un ciudadano sin cuenta corriente tendrá muchas dificultades para relacionarse con la Administración, recibir ayudas sociales o, sencillamente, cobrar una pensión o la devolución del impuesto sobre la renta.

Aunque vivienda y cuenta bancaria son dos realidades muy distintas, en ambos casos, aquel que carezca de cualquiera de las dos tiene grandes posibilidades de ser excluido socialmente. De hecho, en pleno auge de las ciudades inteligentes, las criptomonedas y los pagos electrónicos, las consecuencias negativas de no tener cuenta corriente pueden ser incluso mayores que las de no tener una residencia fija.

Sin una cuenta bancaria no es posible tener una tarjeta de crédito o débito. Tampoco es posible abrir una cuenta de pago online y, aunque se puede adquirir un teléfono móvil con efectivo, será imposible utilizar ese dispositivo para hacer pagos electrónicos porque, aunque se pueda recargar el saldo con dinero físico, los sistemas de pago online necesitan estar asociados, en último término, a una cuenta corriente.

En definitiva, cuando desaparezca por completo el dinero en metálico y sea sustituido por formas de pago electrónico, aquella población en situación vulnerable por razones económicas o por la brecha digital, verá dificultado el acceso a cosas tan básicas como la compra de alimentos, de medicamentos o el transporte.

Según sendos estudios del BBVA Data & Analytics y del BBVA Research publicados en 2018, el uso de métodos de pago electrónico en España, un país hasta hace poco adverso a los mismos, ha aumentado considerablemente en los últimos años. Tanto es así, que se ha convertido en el sistema favorito de pago del 80% de los millennials y, en consecuencia, ha provocado una bajada generalizada en las retiradas de efectivo en cajeros y entidades bancarias.

Unos hechos que podrían provocar que, a medio plazo, esas entidades y sus cajeros automáticos correspondientes cierren o desaparezcan de las calles españolas.

A pesar de que este fenómeno, más acusado en entornos urbanos, se ha producido de modo orgánico gracias a la evolución tecnológica, son ya muchos los países que están forzando ese cambio de comportamiento para que, en los próximos años, el efectivo desaparezca definitivamente.

Este es el caso de Noruega, que espera acabar en 2030 con todos los pagos en metálico y que, desde 2016, permite por ley que los comercios que así lo decidan se nieguen a aceptar efectivo. Una situación semejante vive Suecia que, sin necesidad de legislación alguna, ha conseguido que las transacciones no electrónicas en el país se reduzcan a tan solo el 5%.

No obstante, y en contra de lo que pudiera parecer, esta tendencia no se circunscribe a los países del norte de Europa u occidentales. La India, por ejemplo, está implementando estas nuevas formas de pago con el objetivo de controlar las transacciones y reducir el fraude fiscal.

¿Cómo puede eliminarse el dinero en efectivo al 100%?

En 2016, el gobierno de Narendra Modi retiró de la circulación, sin previo aviso, los billetes de quinientas y mil rupias, los dos valores más elevados de todos los emitidos. Asimismo, está trabajando para que Chandigarh y Panaji, las smart cities más importantes de la India, sean las primeras en las que solo se pueda pagar con dinero electrónico. Algo similar está sucediendo en China, donde las autoridades han aprovechado el alto nivel de penetración de los dispositivos móviles para implementar el uso del dinero electrónico.

Además de ser un buen método para luchar contra el fraude, los expertos financieros explican que el pago online elimina una serie de problemas presentes en el efectivo. Según Alberto López, desarrollador de negocios para España y Portugal de MasterCard, «manejar efectivo tiene un coste que no se percibe, por la exposición al robo, por las monedas y billetes falsos y por las pérdidas del dinero. Además, en el caso de las empresas necesitan de una empresa de seguridad para llevar el efectivo. Haciendo números, la realidad es que cuesta menos manejar un sistema electrónico».

Si bien es un hecho que los pagos electrónicos, las criptomonedas o incluso la reciente propuesta de Facebook para generar su propio dinero son un gran avance, los gobiernos y las entidades financieras parecen olvidar las consecuencias que pueden provocar en materia de desigualdad. Mientras que sus preocupaciones se centran en desarrollar sistemas para evitar la suplantación de identidad e internet, el phishing y otros fraudes para dar seguridad a los usuarios, olvidan poner en marcha herramientas o programas que faciliten a determinados sectores de población el acceso a esos sistemas de pago.

Habitualmente los gobiernos han diseñado programas de alfabetización digital, subvencionado la banda ancha en algunos territorios con difícil acceso a internet, implementado programas para el pago electrónico en mercados públicos, adaptado las aplicaciones a personas con diversidad auditiva y visual, o ubicado en los edificios públicos terminales de ordenador de uso público para que la ciudadanía pueda realizar gestiones, trámites oficiales y, por supuesto, pagos.Unas soluciones que podrían ser válidas a la hora de que los ciudadanos menos hábiles o poco habituados con los nuevos sistemas puedan cumplir con sus necesidades, pero que no acaban de ser del todo eficaces cuando el asunto afecta a la población en el umbral de la pobreza y cuyo problema no es el desconocimiento de la herramienta sino de no poder utilizarla por cuestiones económicas.

Ante esta situación, el Premio Nobel de economía Joseph Stiglitz ya ha dado la voz de alarma. Según el prestigioso economista, el mundo actual es cada vez más desigual, sin embargo, recordaba, esto «no ha sido siempre así y ni siquiera es algo intrínseco al capitalismo». Por esta razón, augura que si no se implementan políticas diseñadas ad hoc, «la inteligencia artificial y las TIC exacerbarán las tendencias y la desigualdad. Existe un gran potencial pero también puede ser fuente de muchos problemas. La pregunta es si seremos capaces de gestionar la tecnología para generar progreso», concluía Stiglitz.

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